El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, junto a su equipo técnico, presentó, el 9 de julio de 2025, 12 medidas de reducción de costos para mejorar el comercio exterior y fortalecer el clima de negocios, con beneficios estimados en US$ 20 millones.
Si uno se deja llevar por los titulares de prensa, es posible que considere de poco impacto una economía de 20 millones, cuando el PBI está por los 80.000 millones.
También es posible que se equivoque.
Podríamos estar presenciando el primer episodio de lo que podría ser una importante transformación de la Administración Pública uruguaya, con gran impacto sobre la actividad económica y los consumidores. Ya se verá.
Obviamente, si se concreta … o si se la dejan concretar.
Lo que es seguro es que no es otra edición de “la madre de todas las reformas”.
En esta primera etapa, se plantea impactar en el 75% de 780.000 documentos, que corresponden a 500.000 operaciones del comercio exterior.
Se elimina el 25% del total de documentos, 1 de cada 4. ¡Innecesarios!
Se digitaliza el 29%.
Se sustituyen certificados por declaraciones en el 7%.
Se mejoran los procesos en el 15%.
No se tocan 1 de cada 4.
Eso está muy bien.
Lo más interesante es lo que el Ministro afirmó y, en los hechos, se comprometió a impulsar:
“Esas 12 medidas ni por asomo son el total de lo que nosotros tenemos previsto realizar, de hecho, este es el inicio de un proceso”.
“Son el inicio de un conjunto de iniciativas que vamos a ir tomando a lo largo de este periodo de gobierno”.
“Acá hay una política de mirar todo en su conjunto, no de hacer esto o hacer aquello”.
“Este es el inicio, tenemos capítulos enormes en materia de energía, en materia de regulaciones que afectan al sector salud, que afectan al sector transporte, que afectan a la obra pública, que estamos en proceso de revisión y que vamos a ir anunciando cosas”.
Luego la Directora de Zonas Francas Ec. Isabella cuantificó así: “llegamos a más de 500 procesos en los que entendemos que como país tenemos oportunidades de mejorar. En ese sentido, lo que hicimos fue hacer un primer foco en aquellos (Nota: en 12) procesos que son de comercio exterior. ¿Por qué? Por las implicancias que tienen estos en lo que es el clima de negocios de nuestro país, pero también en el costo de vida”
Y se señaló que “Las medidas se agrupan en siete categorías. Revisar gravámenes, sustituir certificados por declaraciones, eliminar licencias administrativas, digitalizar, optimizar instrumentos, mejorar procesos de registro de productos regulados y cambiar intervenciones preceptivas por optativas.”
Creo que los beneficios anunciados resultan subvaluados, pero ese no es el tema del artículo.
Se anuncia una baja de impuestos al comercio exterior destinados al financiamiento del Laboratorio Tecnológico por estar sobre invertidos respecto a usos alternativos.
La realidad es que casi todos los organismos paraestatales, así como otros que no lo son, nacieron con fuerte o total financiamiento estatal mediante la afectación de un tributo. En muy pocos casos, a lo largo de los gobiernos, se revisó adecuadamente el uso de esos recursos y si eran excedentarios. Por ejemplo, en un caso, hace 15 años, el “Diario Oficial” (IMPO) entregó a Rentas Generales 14 millones de dólares, originados en tarifas abusivas impuestas al consumidor a quien normas vetustas le obligan a publicar allí y, además, en alguna otra publicación recóndita.
Recuerden, Vegh Villegas, hace medio siglo, eliminó medio centenar de impuestos de escasa recaudación y utilidad. ¿Cuántos tributos más permanecen vigentes sin justificación?
Se plantea iniciar un camino de sustitución de certificaciones por declaraciones juradas, procedimiento que se concentra en los asuntos menos importantes, los que pueden ser objeto de control posterior, sea aleatorio, sea selectivo.
Al respecto sigue vigente el art. 105 de la Ley 16.134 (1990) que faculta “al Poder Ejecutivo a sustituir por las declaraciones juradas de los administrados o quiénes los representen u otros medios de prueba idóneos, las exigencias legales de presentación de certificados en los trámites administrativos a realizarse ante la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. La misma facultad, en su ámbito de competencia, tendrán los restantes organismos públicos.” No es tan difícil cuando alguien se lo propone.
Quizás hubiera sido interesante aprobar alguna medida el mismo día de los anuncios para darle más énfasis y diferenciarse de los anuncios habituales de tantos Ministros que no se concretan. Este artículo 105 lo facilitaba.
Resalto, estos no son anuncios, son preámbulos. Bienvenidos.
Se señaló en la conferencia que:
“Hasta ahora interviene incluso la firma del presidente para otorgar una prórroga de admisión temporaria. En este caso solamente vamos a dejar al Ministerio de Industria…”
Esta medida es muy sencilla, es aplicar la delegación de atribuciones que la Constitución faculta para Poder Ejecutivo e Intendencias, y que el art. 106 de la ley 16.134 hizo extensiva a los demás organismos públicos.
Para la aplicación de este instrumento suele señalarse la conveniencia de delegar lo repetitivo y no importante. Pero la herramienta es más rica que eso. Conviene delegar suficientes atribuciones para tener el tiempo necesario para lo importante. Pues así lo urgente no desplaza a lo principal.
Se eliminará la intervención preceptiva del despachante de aduana para las operaciones de menor cuantía (US$ 10-15.000) y se facultará al Poder Ejecutivo a aumentar el límite fijado.
Y se resaltó que dicha obligatoriedad o límites tan bajos no existen en muchos países.
Estas medidas van contra inercias institucionales muy arraigadas. Real de Azúa. en “El impulso y su freno” (1964), señalaba, en Uruguay, la existencia de “grupos en pugna por no perder su parte a prorrata de la renta nacional”. También acotó que “nuestra sociedad (es) desdeñosa de todo cambio de estructura, de todo impulso radical y valeroso (ya que cualquier reclamo tiene aparentemente el destino de ser oído y atendido) …estilo político de facilidad y conformismo, de piedad, de contemplación del interés creado”.
Audaz porque una política de eliminar requisitos que básicamente nutren los bolsillos de diversos intermediarios innecesarios, en numerosas áreas, reduce actividades de escaso o nulo valor agregado. Alguien gritará “se suprimen fuentes de trabajo”, sin darse cuenta de que lo que se hace es “suprimir subsidios a trabajos innecesarios”.
El alcance es muy amplio. Piensen, por ejemplo, el nivel de avance en trámites que se ha obtenido en países donde la transferencia de un auto se puede realizar por teléfono. Ahorros de tiempo y dinero (y muchas veces, mala sangre).
Se va a facilitar el registro de productos con vigilancia sanitaria, el que actualmente encarece costos, disminuye las variedades (por ende, la competencia) y enlentece las innovaciones.
La medida de “aumentar el plazo de vigencia de los registros” permitiría eliminar rápidamente los “cuellos de botella”. Por ejemplo, si se puede extender su vigencia de 5 a 10 años, la demanda de trámites se reduciría a la mitad y la demora rápidamente debería desaparecer. También desaparecerían algunas patologías burocráticas “prendidas” de la demora, lo que no es un tema menor.
El mayor reconocimiento de ensayos y certificaciones internacionales, la digitalización de procesos, las habilitaciones fictas con control posterior, etc., son cambios que van a resultar ásperos para implementar, con resistencias internas y externas, pero que serían muy beneficiosos para la gente.
Se prometen más medidas en la misma dirección.
Estas medidas de simplificación aceleran trámites y suprimen demoras, suprimen tiempos inútiles y pueden generar tiempos ociosos. Eso es obvio ya que la reducción de la carga innecesaria de trabajo no está asociada a la reducción de la jornada laboral.
Es prudente recordar, entonces, la Ley de Parkinson (Northcote Parkinson, 1957), artículo que comienza así: “El trabajo crece hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización”. Observación que conviene tener presente cuando se simplifican trámites, para evitar que vuelvan a perpetrarse nuevos.
La promesa es fuerte en la cuestión de regulaciones y trámites del área que está más cerca del ámbito de actuación del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando esa área de trabajo se expanda, pueden aparecer otros problemas.
El planteo no ha mencionado otras áreas tan importantes como la que antecede, como ser:
- a) las compras y la gestión de inventarios del sector público
- b) el exceso de funcionarios (o su baja productividad, que es casi lo mismo)
- c) el crecimiento abusivo del “organigrama” del sector público.
De todos modos, es un interesante comienzo.