En 1990, la Licenciada Alicia García y el licenciado Héctor de Souza realizaron una investigación sobre la «Transparencia y Derechos de la ciudadanía a la información», para el Programa Nacional de Desburocratización (PRO.NA.DE.).
En ese marco realizaron un «Experimento de solicitud de información» con sorprendentes resultados.
Se propusieron «identificar algunas de las prácticas corrientes que traban el acceso a la información«
Para ello seleccionaron las empresas públicas: AFE, ANCAP, ANP, ANTEL, BHU, BROU, BSE, OSE, PLUNA y UTE. Y solicitaron el último de sus Balances.
Lo siguiente es parte del Informe:
«A efectos de solicitar la información, el trabajo de campo consistió en desempeñar el rol del ciudadano en búsqueda de aquella en organismos públicos.»
En todos los casos lo que se trataba de saber era el último Balance, apelando «a un legítimo interés ciudadano» y seleccionaron esa información porque se trata de datos cuya publicidad es ordenada por la Constitución de la República, se cumple periódicamente a través del Diario Oficial y conocerla «está justificado en atención a un interés legítimo y apropiado, dado por la necesidad de la información para tomar decisiones que al ciudadano le corresponden como sujeto político y como sujeto privado.»
¿Qué ocurrió?
El investigador gastó en total 1.194 minutos en traslados, visitas y tiempo de redacción de notas por escrito, lo que le fue requerido en la Administración nacional de Puertos, el Banco de Seguros del Estado y Obras Sanitarias del Estado. Se incurrieron en gastos que sumaron N$ 68.610.
Y este es el análisis de lo ocurrido:
«De las diez Empresas Públicas relevadas y en las cuales se realizó el experimento, solamente dos de ellas (ANCAP y OSE) proporcionaron la información requerida, aunque con notorias diferencias entre ellas en el procedimiento. Mientras ANCAP lo hizo sin ningún requisito formal y en una sola visita de cinco minutos, veamos lo que ocurrió en OSE. Para obtener la información fueron necesarias tres visitas al organismo, la presentación de una nota que dio origen a un expediente y el transcurso de un mes. Se recibió a través de un Oficio firmado por el Presidente y el Prosecretario, que adjuntaba fotocopia del Diario Oficial conteniendo la información. La desproporción y deseconomía procesal es evidente. El relato es revelador de una filosofía restrictiva, en ausencia de imaginación y de memoria en la resolución de problemas. Así como el desconocimiento de la normativa; lentitud, irresponsabilidad (demostrada en la formación de expediente como forma de «cubrirse» frente a la incertidumbre y de la elevación de todo a resolución superior), y formalismo-ritualismo.
En dos empresas no se proporcionó la información, aunque se derivó al Diario Oficial correspondiente (AFE y BHU). También en el caso se presentan diferencias entre ambos: mientras en el BHU insumió 13 minutos la visita, en AFE llevó 53 minutos.
Pese a que, como queda dicho, no se obtuvo la información, es una situación intermedia en que – fundamentalmente en BHU – se demostró alguna flexibilidad e imaginación.
En tres de las Empresas se exigió la presentación de nota, en OSE -que ya fue referido- BSE y ANP.
En el BSE fue necesario efectuar tres visitas y aun no se ha recibido respuesta a la gestión por nota.
Para ANP, que también exigió nota y no ha contestado, quedó demostrado un excesivo formalismo.
Cuatro de «nuestras» Empresas negaron la información sin más: ANTEL, BROU, PLUNA y UTE.
En fin, desconocimiento del derecho a la información, desestimulación del petitorio, secreto de facto, discriminación entre público y privado, en síntesis, monopolio del conocimiento y ocultamiento de información.
Por último, es pertinente reseñar brevemente cómo se caracterizó la relación funcionario-investigador en las experiencias.
Las preguntas formuladas por los funcionarios fueron de la siguiente índole:
– ¿Y usted quién es?
– ¿De dónde viene?
– ¿Para qué lo quiere?
Este tipo de interrogante fue planteada por quien atendía en instancia posterior, ya que en las oficinas de informes no hubo – en general – preguntas.
La presentación de los funcionarios fue siempre correcta. Se pudo apreciar expresiones de sorpresa, desconcierto, compasión, desconfianza o desdén.»
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Afortunadamente existe, desde hace pocos años, una Ley de Acceso a la Información Pública y una Unidad de Acceso a la Información Pública que la tutela y que ha producido cambios importantes.
El Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2023 marcó un “resultado general promedio de 66% de cumplimiento”. Mucho mejor que en 1991, pero insuficiente aún.