El Gobierno Militar aprobó en 1977 el Acto Institucional Nº 7 por el cual comenzaron a cesar o enviar a disponibilidad (hasta por un año) a varios miles de funcionarios, por razones políticas o por innecesarios (lo cual solía ser arbitrario). Pero un día tuvo que irse la dictadura. Y tuvo que solucionarse el problema.
Para pacificar el país, la Ley de Amnistía (8 marzo 1985) abarcó los delitos políticos cometidos desde 1962 así como la reincorporación de los funcionarios cesados por dicho Acto 7.
No se conoce el número exacto de restituidos. Un costeo hecho previamente había estimado 5.000. Resultaron ser entre 10.000 y 15.000. Nunca se sabrá.
Había Comisiones de evaluación de las solicitudes de reincorporación en cada uno de los organismos públicos.
Me tocó presidir la Comisión de Restituidos de Presidencia de la República, donde trabajaba.
Rechazamos varias solicitudes totalmente infundadas.
La más pintoresca fue la de un sujeto que había ido preso (y destituido) por haber agredido y desfigurado a su mujer con un cuchillo. Tuve que comunicárselo personalmente, a pesar de la conveniencia de estar lejos de quienes poseen tales habilidades manuales.
Por las dudas le pedí a uno de los guardias del Edificio Presidencial que estuviera cerquita y preparado, haciéndose el distraído.
Pero estaba muy errado. El aspirante a restituido político cuando le expresé la negativa se río, me dijo “Si pasaba, pasaba; hay tantos que entraron así…” y se fue.
Investigué un poco más. Sí, estaba pasando eso en muchos organismos.
Mi equivalente en Salud Pública me contó que cuando algún aspirante “había robado, pero poco” y “tenía familia, hijos chicos” los aceptaban como perseguidos. En la jerga burocrática, “poco” se entiende también como “la diaria”.
Porque somos “el país de los vivos”.