El Programa Nacional de Desburocratización se originó a partir de un proyecto de Naciones Unidas (PNUD), que había donado US$ 521.900 dólares para la Reforma del Estado.
Por tanto, requería un lanzamiento público con prensa y canales, fotos y discursos.
Era muy probable que el ciudadano – si se enteraba – podía pensar “esto es otro proyecto más y a mí qué me importa”, así que decidimos que no sucedería eso y le dimos contenido, generando credibilidad sobre futuros logros.
El día del lanzamiento, en junio de 1990, en el mismo acto, se firmaron tres Decretos simplificando la vida a la gente como ejemplo de la acción del Programa instalado ese mismo día.
El Decreto 285/990 eliminó la exigencia de presentar un certificado de libre de multas de tránsito al pedir copia del parte policial en caso de accidentes de vehículos. Esto beneficiaba a unos cuantos centenares de personas por año en todo el país.
Su parte expositiva era conceptual (y muy actual) y señalaba:
– La necesidad de simplificar las gestiones de los particulares ante el Estado
– El trámite administrativo de entrega de parte policial, en caso de accidentes de vehículos automotores, acarrea, por imposición administrativa, la exigencia de presentar un certificado
. Que tal exigencia importa al usuario ocupar su tiempo y pagar la tasa correspondiente, a fin de demostrar que no es culpable de infracciones de tránsito
– Que ello conlleva a trasladar al particular la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones
– Que desburocratizar supone, entre otras cosas, obligar o inducir a alguien para que desista de la comodidad de resolver sus problemas poniendo más exigencias sobre los particulares
– Que los trámites administrativos deben estar diseñados en base a consideraciones de economía administrativa, tanto para el Estado como para el particular.
Y el Decreto pasó la carga de la prueba a la Comisaría de Tránsito.
El segundo Decreto 286/990, sobre constancias de domicilio, también presentaba una parte expositiva interesante:
– Son numerosos los trámites ante la Administración Pública en los que se exige al particular la presentación de la denominada constancia de domicilio expedida por la sección policial correspondiente.
– Que dicha exigencia carece de sustancia efectiva y utilidad real, siendo ejemplo de desconfianza frente al ciudadano, y de ritualismo en la actividad administrativa;
– Que el Estado está obligado a un funcionamiento más eficiente de sus servicios.
Y el Decreto sustituyó la justificación por una declaración jurada en un documento tipo. Esto beneficiaba a más de cien mil personas por año.
El tercer Decreto 287/990 eliminó el viejo Registro de Empresas de la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento (ex Subsistencias).
Una vieja norma exigía a las empresas adquirir anualmente una “Planilla de Contralor” al solo efecto “de que sirva de constancia de eventuales actuaciones inspectivas” y resaltaba “que tal exigencia se traduce en un trámite cuyo costo social, a cargo de las empresas supera ampliamente los ingresos que por el mismo se recaudan”.
El trámite movilizaba a unas 80.000 empresas por año que debían ir a buscar la planilla, pagarla, llenar una cantidad de datos contables y económicos y volver al organismo a entregarla, datos que luego no eran procesados.
El ahorro de tiempo y dinero se estimó en más de US$ 2.000.000 de este año 2024, por año.
Lo que importaba al organismo era recaudar unos US$ 50.000 (unos US$ 200.000 actualizados a 2024) para pagar una incipiente Dirección de Defensa del Consumidor, justificable pero nunca mediante tal financiación.
La presentación del PRO.NA.DE. resultó ser muy diferente, la recepción por parte de los medios de comunicación y del público fue buena y se ganó credibilidad.