En diciembre de 1989 ingresó al país una mercadería en tránsito. Se trataba de 9.000 toneladas de porotos negros. En julio de 1990 se denunció su presunta infracción aduanera y el primer remate de la mercadería fue fijado para el mes siguiente. Pero se suspendió y allí quedaron los porotos… abandonados.
El diario El País del 1º de diciembre de 1993 refiere así la historia:
«Nueve millones de quilos de porotos negros equivalen a tres quilogramos por cada uruguayo. Son imaginables las consecuencias si los porotos, en vez de ser depositados, se hubieran regalado a cada uno de los habitantes del país para su alimentación, provocando una fabulosa contaminación del ambiente.
Pero esto no se puede hacer porque se trata del afamado «porotito negro», un híbrido de ultramar no apto para el consumo humano.
También es imaginable el problema de su custodia y cuidado, y la necesidad de destinar un cuerpo numeroso de guardianes de porotos, durante tres turnos, los 365 días del año, durante varios años y en varios depósitos. En realidad, el prolongado trámite aduanero ha permitido crear una verdadera especialidad, la de guardián del poroto decomisado.»
Sucede que diferentes organismos del Estado acumulan bienes por años incurriendo en elevados costos de gestión durante demasiado tiempo, con los deterioros previsibles, a pesar de existir instrumentos legales – o mejorarlos si se necesita – para desprenderse de ellos. Por ejemplo: bienes decomisados como estos porotos, automóviles o motocicletas en infracción (ver imágenes), muebles viejos, entre otros.
