Ella y su esposo nunca volverán a ser las personas que fueron y nada podrá reparar el daño causado. Ella era una docente, pero se desempeñaba en el BPS, y esta es su historia, publicada en su oportunidad en el Gran Premio Nacional de la Burocratez.
Todo comenzó en 1965, tiempo en que se desempeñaba como maestra en una escuela de Montevideo. Por Resolución del mes de junio se le impuso una suspensión de tres meses. Era una resolución injusta, de modo que reclamó contra ella. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la sanción el 26 de febrero de 1969, cuatro años después, abriéndose la vía para el resarcimiento de los daños causados a la maestra.
La reclamante estaba satisfecha, la Justicia le había dado razón y la Administración le debía abonar los sueldos retenidos por la sanción. pero eso requería iniciar un nuevo expediente, a cuatro años de padecer la injusticia originaria. Lo hizo y nuevamente se le reconoció la razón, sólo que, como surge del expediente:
– Después de veintidós años de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
– Después de presentar veintiún escritos.
– Después de doce escritos adicionales con firma letrada.
– Después de ciento seis informes técnicos.
– Después de seis dictámenes de salas de abogados.
– Después de la intervención de ciento setenta profesionales.
– Después de cuarenta y cinco resoluciones.
– Después de la intervención del Poder Ejecutivo.
– Después de doscientos setenta y cuatro pases.
– Después de quinientos sesenta y cuatro sellos.
– Después de quinientas treinta y cinco firmas.
– Después de adjuntar cuatro expedientes más.
– Después de agregar cuatro antecedentes más.
Después de todo ello, la maestra ya no era joven. Debía ser seguramente Directora o Inspectora como creyó alguna vez que lo sería y no lo fue. No lo fue por aquella sanción injusta y arbitraria de 1965. Literalmente, le destrozaron la vida para siempre. Pero la burla burocrática no podía terminar sencillamente así. Fue peor… mucho peor.
La maestra fue a la ventanilla a cobrar los haberes tal como era debido. La burocracia, tras 22 años de trámite y 26 de la situación originaria, se dispuso a pagarle.
Exactamente $ 0,035. Treinta y cinco milésimos de peso. Porque el hecho se inició cuando casi no había inflación ni normas que habilitaran el reajuste.
¿Alguien puede concebir un modo más refinado de atormentar a una persona?
Así que la historia prosiguió porque un Jerarca de la Administración resolvió abrir una brecha en favor de la Justicia; y ordenó en enero de 1992 calcular el monto equivalente a la cifra originaria y propuso su pago por razones de equidad, sin otra base jurídica. El Poder Ejecutivo dio consentimiento y en marzo de 1992 ordenó que se abonara con ese reajuste.
Se hizo el 30 de abril de 1992, pero ocurrió que la cifra pagada estaba equivocada y la inflación, mientras se aprobaba la modificación en el monto, había deteriorado fuertemente su valor.
Volvió la maestra a presentar escritos, a recibir negativas, a seguir el expediente de oficina en oficina. Otro Jerarca, dotado de sentido común, intervino y el Poder Ejecutivo dispuso, a fines de agosto de 1993, el pago de la suma reclamada con los ajustes correspondientes.
Y concluyó la odisea, 28 años después.